
Ya pueden imaginarse hacia dónde me estoy dirigiendo. La diferencia entre estos tres registros parecería inofensiva en casos como los del torniquete de metro, pero las consecuencias pueden ser muy distintas, especialmente en lo que respecta a la capacidad para desobedecer.
Un elemento básico de nuestros sistemas democráticos, como decía John Dewey hace más de un siglo, es la capacidad para reexaminar a menudo nuestras leyes y reglamentos, desechando aquellas que se han vuelto injustas o irrelevantes (lo cual es cierto que ocurre menos de lo que a uno le gustaría) y adoptando nuevas más acorde con las preferencias actuales de los ciudadanos.

Aquí vuelve la calistenia anarquista. La desobediencia, anónima o no, de estas leyes es un canal vital para expresar las preferencias de los ciudadanos y hacerlas llegar a las instituciones por canales no oficiales. Tanto el registro moral como el del interés propio dan al individuo la opción de resistir o evadirse. A lo largo de la historia, esta capacidad para la desobediencia ha sido clave para acabar con no pocos sistemas políticos o legales despreciables.
Un ejemplo evidente es la lucha por los derechos civiles en EE. UU., desde la acción individual de Rosa Parks pasando por las campañas de desobediencia civil que llevaron finalmente a eliminar la segregación de los colegios y demás espacios públicos en EE. UU. y a la adopción en 1964 de la Civil Rights Act. Los disturbios de Stonewall en 1969, momento clave del movimiento por los derechos homosexuales (LGBTQ realmente), son una instancia similar. Es la ineficiencia de las propias leyes la que permite que estén sometidas a evaluación constante.

En cambio, el registro práctico, por su propia definición, es ineludible y 100% eficiente. No hay forma de desobedecer una ley que es físicamente imposible incumplir. Aunque esto pueda ser extremadamente útil para garantizar que los usuarios del transporte público se comporten, en otros aspectos reduce radicalmente el espacio de la política subalterna de Scott y la capacidad para reexaminar nuestras reglas como sociedad.
En los últimos años el abaratamiento de ciertas tecnologías y la facilidad con la que muchos gobiernos parecen aprovecharlo sugiere la proliferación del registro práctico en ámbitos que anteriormente no ocupaba. Casos como el de la vigilancia policial predictiva, que aspira a identificar a criminales antes de que lo sean, constituyen un ejemplo claro y algo inquietante. Otros no lo son tanto.
En cualquier caso se trata de pensar y debatir el cómo queremos controlar, además del qué. Aunque por una parte los avances tecnológicos puedan ayudarnos a reducir el incumplimiento de leyes, es importante ser consciente de que a menudo la ineficiencia y la fricción son virtudes.

